Mi guerra no es con Abertis

Y conste que no tengo ninguna simpatía por una empresa privada gigante que se propone fundamentalmente enriquecerse a costa mía. Pero mi guerra, en el asunto particular de los peajes, no es, no puede ser, contra Abertis, ni contra ninguna de las demás concesionarias de autopistas.

Fundamentalmente porque no es a ellas a quienes, como sociedad, nos hemos encomendado para que gestionen nuestros fondos públicos y nuestras necesidades. Las educativas, las sanitarias, las culturales y, entre otras muchísimas como es obvio, también las de infraestructuras.

Esa función les corresponde, y no por inspiración divina sino porque como sociedad así lo hemos decidido, a las administraciones públicas: fundamentalmente, en el caso de las autopistas, a la autonómica y, sobre todo, a la estatal. Y es a ellas a quienes yo reclamo, porque es a ellas a las únicas a las que legítimamente se lo puedo reclamar, que doten a mi territorio de una red racional de infraestructuras, con un mínimo de ellas de carácter gratuito.

Concesiones 'infinitas'

Que Abertis u otras empresas puedan cobrar peaje no constituye (puede que moralmente, pero no en su definición literal) ningún robo por su parte. Lo que es inconcebible es que se les prorrogue la concesión una y otra vez amparándose las prolongaciones en obras y mejoras que sí, de acuerdo, son reales, pero no dejan de ser competencia de las administraciones públicas.

No niego que construir una autopista cuesta un dinero, lo mismo que ha costado también millones de euros construir el tercer carril de la AP-7 (por tocar un ejemplo cercano) a su paso por la zona de Tarragona. Y es lógico que la empresa que lo haya llevado a cabo cobre por ello. Hasta ahí, de acuerdo. Pero ¿por qué mediante concesión pública recuperable a través de los peajes? ¿Por qué no, como en tantas y tantas otras inversiones y/o regiones, costeándolo directamente la administración?

Entiendo que, para casos concretos, existan las autopistas de peaje como alternativa "lujosa" a la oferta ordinaria. Pero me resultan incomprensibles los casos en los que la que se convierte en vía de pago es justamente la ordinaria, la única, sin alternativa gratuita (obviando las tercermundistas, se entiende), en trayectos de tráfico masivo en los que, por tanto, es donde la obra pública está más legitimada. Y no hay que olvidar que también es la ciudadanía quien costea la obra pública. Pero en su globalidad, sin penalizar sólo a sus usuarios.

Todos los ciudadanos pagan la construcción de pabellones, piscinas, aeropuertos, palacios de congresos. No sólo los usuarios. Es más: todos los ciudadanos han pagado kilómetros y kilómetros de autovías repartidas por la geografía española, en muchos casos infrautilizadas (este artículo y este otro son muy ilustrativos sobre la innata sobredimensión de infraestructuras de los políticos de por aquí, sobre cuya indefinición penal, por cierto, ya he escrito), y en las que no existe penalización concreta al usuario. ¿Por qué en otras sí?

Claro que Abertis cobra

He analizado en las últimas semanas, a raíz de la campaña #novullpagar, estadísticas sobre cuánto hace que las autopistas catalanas -aunque hay autonomías como Valencia igual de agraviadas en este asunto- están amortizadas, y cuánto margen de beneficio extra acumulan las concesionarias. De acuerdo que dichas empresas no sólo financiaron las obras. También la conservación y el mantenimiento y algunas obras de ampliación o mejora que justamente son las que han ido amparando prórrogas. Pero se lo han cobrado de sobras.

Y el usuario está harto. Harto porque se da cuenta de que sufre un agravio comparativo especialmente cruel: no sólo injusto, sino además denigrante en sus motivaciones: para su desgracia, a ese ciudadano indignado le ha tocado vivir en un territorio donde sí hay suficiente tráfico como para que cobrar peajes sea rentable. Donde sí hay suficiente demanda como para cobrar por la oferta. Donde construir una autopista, en fin, sí estaba justificado. Y por eso le cobran. Por eso se lo pueden permitir. Y por eso las administraciones, unas y otras, deciden que ahí no hace falta la inversión pública directa.

Foto: Lavanguardia.com

Y Abertis cobra. Claro que cobra. ¿Cómo no iba a cobrar si le han otorgado el derecho? Y se apunta las matrículas de los que no le pagan. Por supuesto: como, si pudiera, se apuntaría el camarero de cualquier bar los datos de los que se marchan sin pagar, para demandarles y acabar cobrando después. Podemos hablar de ética, pero no me parece que debamos sorprendernos por la actitud de Abertis. Lo que debe sorprendernos es que haya autopistas que sí son gratis y estén mucho menos transitadas. Justo la filosofía opuesta a la que, por definición, debe seguir el servicio público: proporcionar gratis lo imprescindible, y si acaso cobrar por lo superfluo. 

Y Abertis tendrá la culpa de muchas cosas, y sus conductas serán cuando menos cuestionables, y estoy seguro de que presiona a los gobernantes para seguir garantizándose una vida tan cómoda. No son ningunos santos, en fin. Pero mi guerra no es con ellos: mi guerra es con los que les sirven mi cabeza -o mi bolsillo, más bien- en bandeja. Precisamente el mío, y no el de otros. Sólo por usar estas autopistas, y no otras. Sólo por vivir aquí. Y por cierto: que ahora, por compensación mal entendida, empiecen a hacer pagar a los demás puede que me consuele (mal de muchos...), pero ni resuelve la injusticia (¿por qué pagar peaje por usar autopistas y no paseos marítimos, por ejemplo?) ni, sobre todo, nos devuelve el dinero que algunos llevamos décadas pagando. Y no es poco.