Ya hablé en artículos anteriores de lo indignantes que me parecían los derroches, incluso cuando éstos, más que en la mala fe, se habían inspirado en la incompetencia o los aires de grandeza de pueblerinos que un día se encontraron de rebote con un sillón: dispendios multimillonarios en infraestructuras sobrantes, eventos sobredimensionados, asesores incapaces y demás…
Pero más indignantes me parecen obviamente aquellos derroches que sí son necesariamente conscientes y, sobre todo, en los que quien decide es el propio beneficiado. Sobre todo cuando están injustificados por definición. Me refiero a eso de que haya en el Congreso 62 diputados cobrando dietas (1.800 euros, ojo) por alojamiento cuando tienen casa en Madrid.
Los unos, aplaudiéndose, encantados de haberse conocido. |
Me ha recordado el caso a uno que todavía me impresionó más, hace ya unos años, con los mismos protagonistas y también a propósito de sus dietas. Lo leí en este artículo en 2009, y me dejó atónito: más allá de cuánto perciben, e incluso más allá de si realmente han llevado a cabo la actividad por la que reciben tal compensación, lo que más me llamó la atención es que los diputados cobraban por aquel entonces dietas en sus 14 mensualidades.
Dice el artículo que, según los juristas, debería revisarse esta indemnización “ya que sus señorías reciben esta paga por 14 mensualidades cuando la actividad parlamentaria se circunscribe a poco más de nueve meses”. Yo no sé si la actividad parlamentaria dura nueve meses al año, o diez, o siete. Pero desde luego, no me harán creer que dura 14.
Y los otros, aplaudiéndose también, encantados de haberse conocido. |
Y ojo, no digo que eso de cobrar las 14 mensualidades siga vigente. Lo desconozco, y es posible que lo hayan cambiado. Tal vez, cuando les pillaron (el artículo es de 2009), ya en plena crisis, decidieran renunciar a ese privilegio mentiroso por una cuestión de imagen, que a menudo es lo único que les preocupa.
Como ahora, que tampoco me extrañaría que un día de estos anunciasen a bombo y platillo que esos 62 caraduras que viven en Madrid pero cobran por alojamiento renuncian bondadosamente a ello. Y así sucesivamente, exprimiendo fondos públicos rozando el límite de la legalidad –la que ellos definen, por cierto- y traspasando con creces el de la ética, mientras la tropelía no salga a la luz. A saber cuántas prerrogativas impresentables más deben andar por ahí ocultas a la espera de que alguien las denuncie para que entonces, y sólo entonces, renuncien a ellas. Y luego les sorprenderá el día que esto explote.
Felicitats Paco pels teus posts al bloc, tan encertats i tan ben escrits!
ResponderEliminargràcies mcquail!un honor...
EliminarTens tota la raó. El més trist és que podries fer molts articles d'opinió com aquest amb les diferents formes que tenen els polítics d'ingressar diners o de malgastar-lo. Estem amb una societat malalta quan les retallades estan deixant sense residència als avis i als discapacitats sense centres ocupacionals. aquestes persones haruien de ser les últimes en ser afectades. No es podria tocar un sol lloc de treball d'una residèndcia d'avis mentres hi haguès un sol cotxe oficial a la generalitat. Una salutació
ResponderEliminarPerdona, sóc el Pep Garcia.
ResponderEliminarGràcies Pep! Tota la raó...
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